Eduardo Cruz Vázquez

Cada año, cuando se discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se vive uno de los ejercicios políticos más intensos de nuestra democracia (cada quién sabrá hasta donde entrecomillarla).

Para quienes conforman esa entelequia denominada sector cultural, el zipizape alcanza niveles de dramatismo. Eso tiene que ver con el hecho de que los recursos aprobados, suministran un alto porcentaje de sentido de pertenencia y de vida a miles de trabajadores que conforman la “comunidad cultural”. Trama que suele encerrarse desproporcionadamente, como medio de solvencia de la cultura nacional.

Con los años, también ha crecido la urgencia de enfocar dicho andamiaje asistencialista del Estado, en sus tres niveles de gobierno, desde las lógicas, conceptos y herramientas que brinda la economía cultural. Es decir, intentar ampliar el campo de visualización del sector. Aunque a regañadientes y con bastante menosprecio a quienes desde ese enfoque llevan a cabo la tarea de análisis, se comprende que los asuntos de la cultura no son ya sólo abordables desde las políticas públicas convencionales.

Antes de proseguir, es vital señalar que en cuanto a la anual discusión de la Ley de Ingresos y Responsabilidad Hacendaria (LIF), el despliegue de los diferentes actores del sector cultural es significativamente menos aguerrido. Queda pendiente para otro momento, lo que en este proceso se pierde al no abordarse con la enjundia que prevalece en el PEF. Ello debido a que la LIF es un medio insustituible para lograr muchas transformaciones que se necesitan para alentar a la economía cultural como factor clave del desarrollo.

Los empeños a favor de la misma, sin embargo, son unos cuántos y operan aún desarticuladamente. Debemos reconocer entonces uno de ellos. Se trata del Sistema de Información Cultural del Conaculta. No me toca ahora valorarlo, pero sí referir a que fue motivo en este año por concluir, de un estudio financiado por la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados. Ya saben, se le dio dinero, en este caso a la UNAM, gracias a los recursos adicionales que se obtuvieron en la aprobación del PEF a finales de 2008.

A través de la Coordinación de Planeación y de la Dirección de Proyectos Universitarios, bajo la conducción de Mari Carmen Serra Puche y Hernán Salas Quintanal, se elaboró el Diagnóstico Integral de la Cultura en México. Un tomo en disco compacto de casi 600 páginas, es decir, no fue impreso. Sin duda, estamos ante el primer empeño por sistematizar y ordenar la información que sobre la cultura en México existe, al decir de sus autores.

La talacha es encomiable. Buen tiempo se invirtió para tal cometido que, hasta donde hemos podido corroborar, ha sido distribuido de forma discreta. O simplemente no se han dado a la tarea de ponerlo en manos de los usuarios por razones que sólo ellos saben. Este Diagnóstico fue presentado, por lo demás, de forma accidentada, al cierre de la Legislatura LX. Tuvo poca repercusión en los medios y escasa noticia se tiene de la evaluación a la que debía sujetarse: tanto por su contenido, como por la manera en que fue gastado el dinero.

El Diagnóstico consta de nueve apartados. Enumeremos cada uno de ellos, pues sin duda arrojan luces de su alcance. 1.- El Conaculta: orígenes, antecedentes institucionales e información. 2.- Oferta cultural en México. 3.- Consumo cultural en México. 4.- Limitaciones de la información sobre la acción estatal en materia de cultura. 5.- Marco legal de la cultura en México. 6.- La cultura y el patrimonio en el contexto internacional. 7.- Apoyos a los creadores de México. 8.- Los jóvenes mexicanos y la cultura y 9.- Programa Nacional de Cultura 2007-2012: comentarios.

Una primera lectura nos permite varios elementos concluyentes. No son precisamente positivos. Es más, son bastante graves desde el punto de vista de estructura conceptual, académica y política. Para el estudio, la cultura existe primordialmente desde la lógica de la intervención del Estado. Se evidencia más la intención de evaluar al Conaculta que brindar una visión integral del sector cultural. Esto se proyecta con claras intenciones políticas: poner bajo el sello de la UNAM el penoso papel del gobierno federal.

Y hay condiciones para proponer esta lectura. El Diagnóstico fue encargado al fragor del inicio de la administración de Felipe Calderón, heredero del disgusto por el mal desempeño de su antecesor y de la titular del organismo, Sari Bermúdez. Por otro lado, está condicionado por la supuesta discusión de una posible Ley de Cultura promovida fundamentalmente por el PRD, quien encabezaba la Comisión de Cultura de dicha Legislatura.

No menos importante en los tiempos de su elaboración fue el pobre desempeño que mostraba Sergio Vela y con ello, sus malas relaciones no sólo con la Comisión, también con un buen segmento de la “comunidad cultural”. Pegarle duro, desde la academia intachable de la UNAM, bajo la coordinación de quien fuera una funcionaria del Consejo muy enterada de sus debilidades, era garantía de que el PRD se empoderara como paladín del cambio que, dicho sea con razón, se tenía que dar en el Conaculta.

Pero falló la intentona. El estudio se demoró y su tardía entrega no permitió sacarle jugo, capitalizarlo en tiempo y forma para mover el proyecto perredista. Lo que viene entonces, es que la nueva Comisión de Cultura desempolve el Diagnóstico, lo distribuya masivamente y se ponga bajo la lupa de quienes conforman el sector a efecto de evaluar adecuadamente el cometido.

Esto resulta fundamental no sólo por una obligada rendición de cuentas, tanto en lo académico como en la explicación de la erogación del gasto. También ya que sabemos que la mentada coordinación de la UNAM se enlistó para obtener más financiamiento para el 2010, pues se supone comprometida una segunda entrega. Todo indica que los nuevos comisionados no lo consideraron en la repartición. De ser así, lo más probable es que como no les dio tiempo de enterarse y de leer las casi 600 páginas, dieron como prescindible el proyecto.

Sabemos que esa segunda parte puede versar (vaya usted a saber qué traman), sobre nada menos y nada más que la identidad de los mexicanos (pregúntenle a Mauricio Pilatowsky, de la ENEP Acatlán, quien en un mes de 2007, apareciera en algunos diarios en senda inserción pagada por Alfonso Suárez del Real, celebrando la entrega de 7 millones de pesos para la investigación).

Otra señal apunta a que, ahora sí, el Diagnóstico se ocuparía del resto de los mortales y las cifras que conforman el sector cultural. Sin embargo la descarto, pues mi análisis concluye que el móvil político y la notable ausencia de andamiaje académico, no lo harían factible de un año a otro.

Lo que hasta aquí apunto, como se dice, es tan sólo la punta del iceberg. Mucho tienen que decirnos la UNAM, a través de Serra Puche, el ex diputado Suárez del Real, el investigador Pilatowsky, los responsables del Sistema de Información Cultural (que buena tunda se llevan), la señora Sáizar (por ser ahora la titular del Consejo y la responsable del Programa Nacional de Cultura), la presidenta, secretarios y demás miembros de la Comisión de Cultura de la actual Legislatura.

Es su obligación hacerse escuchar, rendir cuentas y dejarnos convencidos de que valió la pena el Diagnóstico. De prevalecer el silencio, la sombra de la duda, estaremos ante un hecho que bien merecería medidas tendientes a resarcir moral, académica y financieramente lo que hicieron.