Rodrigo Guajardo

• El boicot ha sido una decisión personal deMaría de los Ángeles Errisúriz Alarcón, en contra de las instrucciones de sus superiores la SEP, el INBAL y Conarte.

La Secretaría de Educación en el estado de Nuevo León (SENL) lleva más de un mes de ejercer un boicot que incurre en vetar el derecho de acceso a la cultura de 24 mil niños a la fecha^[1] de esta publicación. Sin transparentar notificación alguna de ello, el boicot ha sido mediante de la suspensión o postergación del programa federal de Teatro Escolar 2017.

La SENL firmó un convenio comprometiéndose a participar en el Programa de Teatro Escolar y aprobaron el contenido desde septiembre de 2016. Para la ejecución del convenio recibió un presupuesto para los gastos de logística y traslado de 800 alumnos a cada una de las 30 funciones, el cual en su mayoría ha decidido no ejercer, y ya hizo perder varias funciones las cuales debería compensar.

Debería. Pero el problema aquí se trata de un incumplimiento del deber. El mayor problema con el orden de esa responsabilidad no atañe en este caso al arbitrio de quienes supondríamos tienen la última palabra al respecto, y la hacen respetar. Se sabe que el Secretario de Educación en el país, Aurelio Nuño, tuvo conocimiento de la situación el pasado enero e hizo comunicar a su homólogo en la entidad, Arturo Estrada, que se resolviera. Estrada, a su vez, ordenó destrabar todos los impedimentos que obstaculizaban el flujo del recurso y del derecho. Pero eso no ha sido acatado.

Tampoco se ha respetado el que apremiaran a esa misma decisión Juan Meliá, coordinador nacional de Teatro para el Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo dirección de Lidia Camacho; ni el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Ricardo Marcos, ni el director del Teatro de la Ciudad, Roberto Villarreal. Es decir, las cabezas de todas las instituciones comprometidas en el programa han reaccionado porque éste sea ejercido en forma y a favor de sus destinatarios: la niñez de las escuelas secundarias de la entidad.

El desacato ante esa unidad y a las autoridades, el no-ejercicio del recurso, el atentado contra la libertad de expresión y el veto a los derechos culturales y al libre desarrollo de la personalidad de miles de estudiantes, ha sido una decisión personal de la funcionaria pública María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, subsecretaria de Educación básica en la entidad —y ex titular de delegaciones afines en Coahuila para las administraciones de Enrique Martínez y Humberto Moreira.

Errisúriz ha impuesto su voluntad en contra de las decisiones de sus homólogos y superiores, y en detrimento de la educación artística y vital de la adolescencia en Nuevo León: un sector que desgraciadamente necesita más que nunca nuevos y mejores espacios que la expresen y contribuyan a su formación de sentido en una sociedad azotada obscenamente por la falta de éste: o sea, sometida a la violencia y la barbarie

Jorge Sánchez es el director teatral de la obra en cuestión —y quien ha aportado la información para este artículo—, él ha trabajado en el proyecto desde 2016, cuando ganó la convocatoria que suscriben las instituciones citadas para montar el texto ¿En qué estabas pensando?, del dramaturgo Sául Enríquez.

Sánchez teme no sólo que el boicot continúe, sino que por (in)disposición de Errisúriz la resolución se maquille y la funcionaria acabe por incumplir con el convenio que la compromete a facilitar, en las mejores condiciones de seguridad, el traslado de los miles de estudiantes a los que respalda el presupuesto asignado.

Además de los dudosos criterios, escrúpulos y ética de Errisúriz, la ex colaboradora cercana de Moreira (acusado de desfalco y quien elevó la deuda de Coahuila de “323 millones de pesos en 2005 a 36 mil 675.8 millones de pesos en 2011”), pareció despótica cuando ejerció su poder para imponer como lectura obligada para los niños de las primarias coahuilenses seis libros de su propia autoría.

La preocupación no es infundada, el que se haga justicia y se cumpla con los compromisos debiera ser garantizado por las instituciones responsables. Que la juventud acceda a mejores panoramas no puede estar sujeto a un capricho, sino en respeto de la ley que nos rige a los mexicanos y a favor de su futuro, que es el de nuestro país y por el cual el teatro mexicano también responde.

^[1] El texto fue escrito el 9 de febrero de 2017. La SENL, a través de la subsecretaria de Educación básica en la entidad, había advertido verbalmente que “no traería” a los niños a la obra, incumpliendo con el convenio que firmó para tal propósito. A la fecha, sigue sin garantizar que cumplirá con lo establecido: hoy, febrero 13, la SENL tampoco dispuso de alumnos para que se cumpliera la función.