Rubén Ortiz

Durante los últimos años, algunas personas nos hemos dedicado a acumular argumentos razonados y probados para demostrar, entre otras cosas, que la relación entre las instituciones encargadas de administrar los recursos para el teatro y la gente que los “disfruta”, son relaciones que hacen eco de aquellas de la política profesional: las instituciones suelen actuar sin un programa destinado al bien común, y cuando no trabajan con plena ignorancia, lo hacen con ignorancia provechosa para ciertos grupos o con decidido corporativismo. Mientras tanto la (llamémosla así) “comunidad”, es poco menos que reaccionaria: o bien espera en la cola de los beneficios el momento de su entrada en la repartición, o bien reacciona ante asuntos coyunturales sin poder articular un seguimiento que lleve a discusiones y acuerdos mínimos de decisiones de convivencia democrática.
Así las cosas, otro aspecto que hemos querido demostrar es que estas políticas se vuelven condiciones de posibilidad de las estéticas. Dicho en cristiano, quedar bien con el grupo en el poder implica hacer un teatro con aire familiar, donde incluso las “rupturas” tienen bien determinados su hora y su lugar.
Que estas dos proposiciones (la conformación de las políticas y su influencia en las estéticas) tengan excepciones no hace más que confirmar la regla. Para muestra de la regla, léase con detenimiento el dossier del número 49 de la revista Paso de Gato, en el que con cifras y metodología de las ciencias sociales, Patricia Chavero muestra la insuficiencia de la Compañía Nacional de Teatro (paradigma estético) y Tomás Ejea revela la inequidad y discreción de las políticas y decisiones del Fonca (paradigma político), en un texto que proviene de su investigación Poder y creación artística: un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, UAM, 2011 (texto en el que, por cierto, uno puede seguir las líneas apretadas de poder, beneficio y consagración de, digamos, Tavira, Caballero o Enríquez).
Además, una y otra vez se ha querido mostrar cómo la “comunidad teatral”, bajo este esquema político-pedagógico carece de una capacidad de análisis y un lenguaje que pueda distinguir los niveles políticos y estéticos de un problema, pues por lo general se termina invocando a Dionisios en asuntos más bien maquiavélicos, o de plano se desconoce por dónde comenzar a jalar la hebra.
Sirva este largo proemio para intentar desactivar el más prejuicioso y perjuicioso argumento de quienes tienen una hegemonía qué defender: el argumento de que cualquier contradiscurso frente a una decisión hegemónica es “pura grilla” o que quienes polemizan son “revoltosos” y cosas así. El segundo argumento a desmontar es el de cierta moralidad ramplona que contesta a los argumentos con palabras como “honra”, “honor” o toda esa sarta de categorías de los siglos de oro.
Desde donde yo lo puedo mirar, el asunto del premio JRA es mucho más que un chisme: es un síntoma y, como tal, merece no pasar fácilmente inadvertido ni —como propios y extraños quisieran— pasar al cajón de los chismes del año. Este es un asunto político que demuestra cómo nos miramos, cómo nos tratamos y qué tipo de relaciones tejemos entre los que hacemos “teatro profesional”.
Dejaré de lado dos cosas: que desdeño completamente los premios en asuntos artísticos y que soy casi neófito (por convicción) en asuntos de dramaturgia contemporánea. Veamos: 1. Alrededor de un acto político, un premio, alguna parte de la comunidad llamó la atención acerca de un aspecto relevante: uno de los posibles candidatos al premio tiene una enfermedad que, de no tratarse a tiempo, puede quitarle la vida. 2. Por cuestiones de políticas culturales, los artistas no tienen protección social o cobertura en problemas de salud. Y es el caso de este dramaturgo. 3. El estatus de este dramaturgo, además, está dentro de las reglas del premio, pues posee una trayectoria reconocida. ¿Por quién?, la pregunta no es ociosa: es reconocido por… la comunidad teatral.
Permítaseme entonces preguntarme, ¿quiénes conforman esta dichosa “comunidad”? Bueno, quienes escriben, actúan, dirigen, hacen escenografía, vestuario, gestión, pedagogía, los estudiantes…etc. Pero no sólo eso, esta “comunidad” es también la encargada (asume cargos) de la administración pública. Hasta donde me alcanza la memoria, desde Celestino Gorostiza hasta, pongamos, Enrique Singer (Juan Meliá es de esas excepciones mencionadas), quienes median entre las políticas, los recursos estatales, y los usufructuarios de los recursos son, ellos mismos, parte de la comunidad teatral. Bien se entiende que no tienen la mano ancha sino que están sometidos a los diseños institucionales, pero —y esto es fundamental— los encargados también son capaces de proponer, diseñar y accionar. De hecho, los premios, por ejemplo, existen por iniciativa de la comunidad. Es decir que los premios existen para la comunidad y no la comunidad para los premios.
Entonces, tenemos un premio y sobre él preguntemos: ¿el premio es primero que la comunidad? o ¿la comunidad es primaria al premio? Es evidente lo segundo. ¿Cuándo puede ser que una iniciativa sea primaria a las personas? En un solo caso: en la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Primero que nada un olvido, el olvido de que las personas son primeras a las iniciativas de gobierno y, segundo, la burocracia es una manera de salvaguardar las relaciones de poder establecidas y de permear la innovación.
Dicho esto, volvamos al premio JRA: los honorables jurados juran haberse atenido a criterios estrictamente estéticos. No es cierto: un premio es político y eso hay que asumirlo desde el principio. Dicen que en las cláusulas no existe ninguna que refiera a estados de salud o económicos o personales. ¡Faltaba más! ¿Hay qué ponerlo en cláusulas? En estos días, Antonio Ortuño, haciendo un análisis del Fonca sugiere debatir acerca del estado económico de los postulantes. No lo sé. Lo que me queda claro es que si alguien de la comunidad, reconocido por la comunidad, puede vivir más años gracias a un premio merecido, y el jurado no lo ignora (y no lo ignora porque a la comunidad le parece importante que lo sepa), no sé qué más se pueda discutir. Se trata de un recurso para la comunidad que la comunidad tendría que distribuir para el beneficio común. Las cláusulas no dicen que el recurso se entregue al más necesitado, ¡pero tampoco lo impiden! Y no darse cuenta de este matiz es una falta moral más grande aún que los insultos a la honorabilidad. Es una falta fuerte, contundente y directa al bien común. Es una demostración de que quien administra los recursos para la comunidad no son las personas, sino la perniciosa burocracia a través de las personas hegemónicas que ya se han acostumbrado y favorecen el estado de las cosas.
Añado dos puntos: primero, quiénes fueran los contrincantes del dramaturgo en necesidad es casi irrelevante, seguramente son destacados y finalmente recibirán el premio (si no se mueren por falta de apoyo comunal). Segundo, que el nombre del beneficiario del premio asociado a las personas del jurado levante sospechas, no es más que otro síntoma del estado de las cosas pero, en todo caso, no se puede probar favoritismo dictado por nadie. (En todo caso, puede existir un favoritismo dictado por las costumbres).
No se trata, a mi ver, de un asunto de caudillos. Ese es un telón de fondo importante de destacar, pero secundario. Se trata de un asunto de una comunidad quebrada, extraviada, incapaz de distinguir lo esencial de lo evidente; acostumbrada a vivirse políticamente en relaciones burocráticas, alienadas. Exactamente todo lo contario de lo que uno esperaría de artistas y críticos en un país ya demasiado adolorido en su capacidad de sentir y de pensar.