Proyectos culturales sin fondos

EL FINANCIERO
Carmen García Bermejo

En la última década, los recursos para el subsector Cultura de la SEP se han incrementado por las ampliaciones presupuestales que la Cámara de Diputados le asigna. La mayor parte de ese aumento lo ejerce el Conaculta, a través de donativos, fideicomisos y mandatos a instituciones sin fines de lucro (privadas y públicas), a entidades federativas y organismos públicos. Por eso, a partir de 2006, convirtió a su Dirección General de Vinculación Cultural en la ventanilla única de recepción de proyectos que solicitan financiamiento. Pero, ahora, la negligencia de los funcionarios provocó que Hacienda aplicara un recorte de mil 100 millones de pesos y, con esto, truncar numerosos proyectos culturales. Sólo hay dinero para pagarle a la burocracia.

En 1995, el presupuesto para el subsector Cultura de la SEP era cercano a dos mil millones de pesos. A partir del año 2000 se presenta un incremento que alcanzó, en 2009, un techo histórico de 11 mil 651 millones de pesos. Buena parte de este aumento se debe a las ampliaciones presupuestales que la Cámara de Diputados le asigna a este rubro. La gestión de la Comisión de Cultura para elevar los recursos se intensificó desde 2006, cuando el Conaculta recibió mil 225 millones de pesos como recursos etiquetados; es decir, que sólo se pueden aplicar a proyector específicos. Para 2007 fueron etiquetados recursos por mil 520 millones de pesos y, a partir de ese año, la Comisión de Cultura invitó a municipios, asociaciones civiles y otros organismos a presentar sus proyectos en la Cámara de Diputados y no sólo a través de la Dirección General de Vinculación Cultual (DGVC) del Conaculta. En 2008, el monto etiquetado ascendió a mil 800 millones hasta alcanzar, en 2009, una asignación de dos mil millones de pesos.

Aunque desde el año 2000, el Conaculta creó la DGVC para establecer relaciones y negociaciones con las 32 entidades federativas del país, es en 2006 cuando esta área se convierte en la instancia que administra los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los donativos que asigna el propio Conaculta. En ese sentido, Vinculación Cultura maneja el 80 por ciento del presupuesto asignado anualmente al Conaculta.

La DGVC funciona como la ventanilla única de recepción de proyectos culturales. La asignación de recursos se hace mediante la figura de “donativos”; Esto es, donativos etiquetados en el PEF (recursos asignados directamente por la Cámara de Diputados a proyectos culturales y beneficiarios específicos) y donativos asignados directamente por el Conaculta. Los interesados entregan la solicitud de donativos, el proyecto cultural a desarrollar y la documentación legal de su asociación. El proyecto se canaliza al Comité Dictaminador de Donativos y, de aceptarse, se hace un convenio y se asignan los recursos.

Por la importancia de la DGVC es, desde el año 2000, el primer nombramiento que realiza la presidencia del Conaculta. Por eso, lo que hizo Consuelo Sáizar al llegar al Conaculta fue designar a Arturo Saucedo González como titular de la DGVC, en abril de este año. Él fue, de 2004 a marzo de 2009, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, asignado a la Comisión de Cultura donde se gestiona la selección de los proyectos culturales a etiquetar dentro del PEF.

En 2009, la DGVC recibió mil 400 proyectos culturales que solicitan apoyo para el año que transcurre. Pero sólo se han revisado y presentado al Comité Dictaminador de Donativos 349 proyectos; es decir, el 25 por ciento del total. Además, la Comisión de Cultura de la pasada legislatura etiquetó recursos para 245 proyectos, de los cuales, la DGVC determinó gestionar recursos para 185 y de éstos -al mes de noviembre- únicamente 123 fueron presentados al Comité Dictaminador, pero aproximadamente 90 proyectos consiguieron donativos.

El motivo. Durante los cinco primeros meses de gestión de Saucedo González, inexplicablemente no se dictaminó ningún proyecto. Esto ocasionó desconcierto entre los beneficiarios de proyectos. Pero, lo más grave, es que la tardanza en la dictaminación de proyectos ocasiono un considerable subejercicio en el presupuesto y, en consecuencia, la Secretaría de Hacienda aplicó un recorte de mil 100 millones de pesos (de los dos mil millones asignados por la Cámara de Diputados) al subsector Cultura de la SEP. La ineptitud de los funcionarios generó esa pérdida y sólo notificaron a los beneficiarios que están en espera del pago de sus donativos el recorte a los recursos.

Todo esto es consecuencia de la renuncia de Sergio Vela al Conaculta en marzo. A mitad de la administración de Felipe Calderón, el Conaculta se desestabilizó aún más. Había que esperar a que el equipo de Consuelo Saízar se adaptara. Una vez que Saucedo González ingresó a la Dirección General de Vinculación Cultural se realizó, el 17 de abril, la primera sesión ordinaria del Comité Dictaminador de Donativos para revisara los proyectos presentados. Pero durante los siguientes cinco meses se detuvo este proceso. Fue hasta el 8 de septiembre cuando se evaluaron otros proyectos y en octubre un resto más. Era demasiado tarde: el 4 de agosto Hacienda aplicó el recorte. Con esta situación, el presupuesto “cultural” sólo se utiliza para el pago a “servicios profesionales” con sueldos incluso superiores a lo estipulado en la estructura orgánica.

Un ejemplo. Por instrucciones de Sáizar, la DGVC contrató a dos paisanos de la funcionaria, originarios de Acaponeta, Nayarit. Desde julio, Jorge Chumacero Gómez-Luna, ha deambulado por varias de las áreas de Vinculación sin que alguien conozca su labor. De acuerdo con la relación de gastos de la DGVC, esta persona ingresó a la dependencia en julio y el día 6 recibió un pago por sus honorarios de 19 mil 971 pesos y el mismo 23 de julio otro pago similar. El otro paisano es Luis Rigoberto Díaz Tejeda, quien se supone fungirá como director general adjunto de la DGVC. Pero desde el 10 de septiembre recibe un sueldo de 62 mil 700 pesos.

Otro caso. El 31 de julio, Saucedo González efectuó un contrato de prestación de servicios profesionales “por adjudicación directa” con Gloria Eugenia González Jiménez, quien se encargaría del “desarrollo y seguimiento de programas de cooperación con las entidades federativas: convenios de cooperación cultural; conferencias regionales y nacionales de cultura, así como de coordinación interinstitucional.” Por estos servicios, el Conaculta se compromete a pagar 220 mil 736 pesos (en cinco entregas de 44 mil 147 pesos) del primero de agosto al 29 de diciembre de 2009. Si ese trabajo es estratégico para esta área, ¿por qué el Conaculta contrata a un externo?

El desastre asciende. El pasado 2 de octubre, la DGVC realizó dos transferencias financieras a nombre de Carlos Joselino Becerra Flores por un monto de 66 mil 400 pesos y de 265 mil 600 pesos, respectivamente; en total, 332 mil pesos como pago por “servicios profesionales.” De acuerdo con el acta notarial del 16 de julio de 2001, Becerra Flores es socio de Arturo Saucedo González en la empresa Arteria Productions. Por lo que dicha transferencia constituye un conflicto de intereses.

No es la primera vez que Arteria Productions se beneficia de recursos públicos. Como esa empresa se dedica a la comercialización y distribución de todo tipo de productos de audio y video, entre otros aspectos, resulta que, en 2008, la Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social (a cargo de Aurelio Vázquez Villanueva) de Chilpancingo, Guerrero, obtuvo un donativo de los recursos etiquetados por 472 mil pesos para desarrollar un “Cine club cultural” en ese estado. De acuerdo con su informe financiero (3/04/2009), esa Coordinadora le compró a Arteria Productions (10/11/2008) un equipo de cómputo (60 mil pesos), películas y material de video (150 mil pesos), y pagó un taller de asesoramiento (40 mil pesos). En total, 250 mil pesos. Con los otros 200 mil, compró una camioneta de doble cabina marca Nissan nuevecita. Si bien Saucedo González no era titular de la DGVC, sí fungía como el principal asesor en la Comisión de Cultura encargada de gestionar los recursos etiquetados (donativos) para los proyectos de las asociaciones independientes y, por supuesto, se mantenía como socio-fundador de Arteria Productions.

Con Saucedo González los apapachos no cesan. En la Coordinación Administrativa de la DGVC designó a Ociel Hernández Olivares (quien fue director de Recursos Materiales del grupo parlamentario del PRD). Aunque la labor que desempeña este funcionario es interna, de abril a septiembre de 2009 se le han asignado recursos adicionales por 95 mil pesos. Veamos. El 29 de abril se le otorgan diez mil pesos por concepto de “gastos diversos”; el 9 de junio, tres mil 123 pesos “por concepto de pasajes”; el 11 de junio otro monto por 30 mil pesos como “gastos a comprobar” y el 4 de septiembre 14 mil pesos de “gastos por comprobar.”

A su vez, Zeferino Rufino Cruz Ramírez, quien desde hace cinco meses se desempeña como “asistente/chofer” de Hernández Olivares, ha cobrado 169 mil 129 pesos con 46 centavos; es decir, 33 mil 825 pesos mensuales por sus “servicios profesionales.” Quien también recibió buena remuneración fue Galia Carrillo Álvarez, vinculada al trabajo del PRD en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. A ella se le contrató de mayo a julio de este año como “asesora de la DGVC”, percibiendo un pago de 125 mil 740 pesos por tres meses de trabajo. La misma suerte corrió Ariadna Berenice Velázquez Olivares, quien recibió un monto similar, también como asesora de la DGVC (mayo a julio).

Otros vinculados con el PRD en la legislatura pasada, ahora, ocupan cargos estratégicos dentro de Vinculación Cultural. Por ejemplo, Heidy Hellín López Vargas (exasesora de Turismo del PRD en la Cámara de Diputados) ahora es la directora de Promoción, Formación y Desarrollo; Astrid Juárez Tapia (exasesora del área de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública del grupo parlamentario del PRD) es la directora de Animación Cultural. Aquí lo extraño es que, sin contar con experiencia en la materia, en abril de este año ella obtuvo ese cargo a través del Servicio Profesional de Carrera. En tanto, Antonio Cabrera Solares (exasesor del área Jurídica PRD) funge como subdirector de Investigación de la Dirección de Promoción, Formación y Desarrollo de la DGVC, pese a su nula experiencia en el ramo.

La insolencia es evidente. Desde hace diez años el mismo auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha puesto el dedo en la llaga al documentar que el Conaculta registra sus actividades con base en una estructura interna, distinta a la aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual genera opacidad y dificulta llevar la fiscalización de sus actividades anuales.