EL FINANCIERO/ Fernando de Ita

Ya relaté en este espacio la tomada de pelo que le dio el gobernador entrante del estado de Hidalgo, Francisco Olvera, a la gente de cultura de la entidad, al reunirla para saber su opinión sobre lo que esperaban de su gobierno, cuando ya había tomado la decisión de fundir cultura y turismo en una misma secretaría. Ahora que se puede consultar la Ley Orgánica que aprobó el Congreso saliente para legitimar tal despropósito, puedo afirmar que los legisladores que aprobaron la Ley y el ciudadano gobernador que la impulsó merecen el adjetivo de incultos, título que los dejará satisfechos porque el cultivo de la sensibilidad y la inteligencia, les es ajeno.
En la última reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, publicada en el Diario Oficial el 28 de marzo del año en curso, el artículo 29 bis despliega 24 apartados para definir los deberes y las atribuciones de la nueva Secretaría, en los que se establecen los lineamientos en materia turística y se ignoran olímpicamente los dedicados a la cultura, palabra infame que los legisladores apenas pronuncian cinco o seis veces en su “Reforma”, porque aquello de lo que se carece, es mejor ignorarlo.
Gracias a un texto que la actriz y directora de teatro Myrna Vargas a puesto a circular en la red (http://bit.ly/hPFlrN), me entero que en 1988 se creo el Instituto Hidalguense de la Cultura, precisamente para superar la limitación que tenía el desarrollo de la cultura estatal en la Secretaría de Turismo, Cultura y Recreación que el gobernador Guillermo Rossel de la Lama —también recordado como “la colorina” por su inclinación sexual—, inauguró en 1981. En pocas palabras, los legisladores salientes y el gobernador entrante nos han hecho retroceder, como apunta Myrna, 30 años en legislación cultural.
¿Quién es el culpable de tamaña pendejada?
Myrna Vargas nos recuerda que el licenciado Francisco Olvera fue el coordinador jurídico del gobierno de Miguel Ángel Núñez Soto, y por lo tanto llevó a cabo los trámites legales para instituir el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo que acaba de derogar. ¿Sobre qué bases, sobre qué estudios, sobre qué consulta, sobre qué opiniones, sobre qué propósito? Cuando la experiencia nacional e internacional, cuando las recomendaciones de la UNESCO son en el sentido de darle autonomía jurídica y presupuestal a los organismos públicos para la cultura, el gobernador Olvera hace todo lo contrario.
De manera arbitraria. Sin tomar en cuenta que la creación de una Secretaría implica un gasto que no puede ejercer un estado como Hidalgo que depende presupuestalmente en un 93 por ciento de la Federación. De manera impolítica porque ni siquiera tomó la opinión de la directora del CECAH, Lourdes Parga, que en sus once años de gestión al frente del Consejo puso —en palabras de la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Saizar— a Hidalgo en el mapa cultural del país. De manera dolosa porque nos engañó pidiendo nuestra opinión cuando le importaba un carajo. De manera impune porque nos enfrenta a un hecho consumado que va a dañar el desarrollo cultural del estado.
¿Qué haría usted, ciudadano gobernador, si le toman el pelo, si afectan por ignorancia su campo de trabajo, si a todas luces toman una decisión equivocada en prejuicio de un bien común? Al crear una Secretaría mixta de Cultura y Turismo que en el papel parece beneficiar a la cultura, en la realidad la perjudica en todos los sentidos. Usted lo sabría de haber escuchado a la ciudadanía que cultiva un campo de la actividad humana que usted desprecia.
¿Qué haría, ciudadano gobernador, para revertir una decisión tan mal pensada, tan mal instrumentada, tan mal sustentada? Luchar, supongo, en contra de aquello que afecta sus convicciones, sus intereses, su visión del mundo, su condición de ser humano pensante, sensible, culto. Se lo digo bajito, para que no lo escuche nadie, para que no diga la gente que usted ignora lo que es la cultura. La cultura, ciudadano gobernador, es todo aquello que le falta a nuestra clase política.