El martes de julio se desarrolló la segunda de nueve audiencias públicas programadas sobre la Ley de Cultura que está desarrollando la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Se tratan de sesiones largas donde algunos especialistas invitados exponen por diez minutos. No hay tiempo para réplicas, no es un congreso, es casi una lluvia de ideas para los diputados para dar forma a la Ley, pero lo que harán o incluirán escapa a nosotros y no sabemos cuándo o cómo se dará a conocer. Lo que sería realmente útil es que una vez redactado un primer borrador de Ley hicieran estas audiencias para explicar qué significa, cómo nos involucra o nos afecta y ahora sí, sugerir cambios muy puntuales o por lo menos conocerla.

Lo que entiendo es que todavía se está discutiendo si la Ley General de Cultura debe contemplar una definición amplia de cultura que abarque toda la actividad humana y que busque le regeneración del tejido social, la reducción de la violencia, modificar la forma en que nos relacionamos, o bien, una Ley más operativa, con metas claras, más enfocada en las artes. El problema es que ambas tienen razón y no se ve para cuando se desate el nudo. Si bien la una ley universal de cultura es más atractiva, también es prácticamente imposible, menos con el presupuesto destinado y se corre el riesgo de no lograr nada. También argumentan que este sentido universal de los derechos culturales ya está reflejado en el momento de la reforma constitucional del 2011 que los incluye dentro de las garantías individuales.

En lo que sí están de acuerdo todos es en que se debe buscar la manera de que los bienes culturales lleguen a mayor número de personas, en especial las poblaciones vulnerables, y que el Estado tiene la responsabilidad de promover las actividades culturales y procurar la sostenibilidad de los proyectos. El cómo lo va a hacer, con un presupuesto cada vez menor, es indescifrable.

Hay muchas formas de entender el acceso a la cultura, pero todas ellas implicarán el trabajo de artistas, gestores y promotores y sobre el papel que jugarán poco se habla. Se habla de la participación de la sociedad civil, aunque actualmente no hay un consejo que la represente, pero sobre la relación que implica el trabajo de la Secretaría de Cultura con ese sector especializado de la sociedad civil, no hay ni una mesa, ni señalamiento al respecto.

Las audiencias por venir son:

• Jueves 7: La Nueva perspectiva de la cinematografía, medios de comunicación y tecnologías de la información, Zacatecas
• Martes 12: Artes escénicas, creación, educación e investigación artística, Morelia.
• Viernes 15: Industrias creativas y derechos de autor, en Guadalajara
• Martes 19: Patrimonio, en Monterrey
• El martes 26: Culturas populares y lenguas indígenas, Mérida
• Viernes 29: Innovación y continuidad en las políticas públicas culturales, Estado de México;
• Martes 2 de agosto: Estímulos a la creación, Chihuahua.

Cuando me refiero a la relación con creadores, promotores y gestores no me refiero a estímulos a la creación, que sí está contemplada, sino a las actividades sustanciales que realizan estos profesionales del arte y la cultura para la operación de la SC y que además de ser mal pagadas, nunca hay contratos, ni garantías de nada. Es algo que debería resolver la nueva ley, por lo menos en intención.

Otra cosa que entendí en esta segunda audiencia es que todavía no tienen todas las mesas armadas, ni todos los invitados confirmados. Se pueden enviar propuestas al siguiente correo: com.culturacine@congreso.gob.mx, bajo los lineamientos que señala la página de la Comisión de Cultura.

El próximo martes estaré en Morelia, ya les informaré de las ponencias sobre artes escénicas.